El próximo 4 de febrero, los costarricenses elegiremos a un nuevo presidente o presidenta. Este ejercicio democrático se realiza cada cuatro años.

La pregunta que surge es: ¿qué propusieron los candidatos hace cuatro años y qué proponen ahora en cuanto a ambiente?

En el proceso electoral anterior, que data del 2014, el Programa Estado de la Nación (PEN) analizó cuantitativamente los planes de gobierno para conocer la cantidad de referencias que se hacían por tema.

De un total de cinco temáticas, medio ambiente se posicionó en cuarto lugar en cuanto a referencias aparecidas en las propuestas de gobierno.

Los partidos políticos que más referencias hicieron al medio ambiente fueron Frente Amplio (primer lugar), Unidad Social Cristiana (segundo lugar), Liberación Nacional y Movimiento Libertario (tercer lugar), Acción Ciudadana (cuarto lugar), Accesibilidad sin Exclusión (quinto lugar) y Renovación Costarricense (sexto lugar).

En el actual proceso, PEN sometió a los 13 candidatos y candidata a otro ejercicio. De una lista de once desafíos en desarrollo humano que les dio, los aspirantes a la presidencia tuvieron que escoger dos temas que considerarán prioritarios en su agenda política si llegaran a ser presidente (a) de la República.

Los ítemes en la lista proporcionada por el PEN fueron: educación, crecimiento y empleo, salud, pobreza, inseguridad ciudadana, controles ambientales, pensiones, transporte público y mejora de productividad.

Ahora sí, los resultados. Pues solo Edgardo Araya del Frente Amplio señaló “controles ambientales” como una de las dos prioridades en un eventual gobierno suyo.

Eso no quiere decir que el ambiente esté ausente de los planes de gobierno. De hecho, la mayoría de los candidatos y candidata dedicaron un capítulo a estas propuestas.

Eso lleva a otra pregunta, ¿han cambiado los temas que se proponían entonces a los que se plantean ahora?

Para el presente artículo, se revisaron las propuestas ambientales contenidas en los 13 planes de gobierno que se pueden consultar en este enlace del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El único plan de gobierno que no está en el sitio web del TSE es el de Renovación Costarricense, pero se encuentra aquí.

Esas propuestas se compararon con las reseñadas, hace cuatro años, en un artículo publicado en el periódico La Nación. A continuación se desglosan por tema:

Agua

En el tema de recurso hídrico, hace cuatro años, los candidatos proponían declarar el acceso al agua como un derecho humano consignado en la Constitución Política.

Ese planteamiento aún es vigente en los planes de gobierno de Edgardo Araya (Frente Amplio), Stephannie Campos (Renovación Costarricense), Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Sergio Mena (Nueva Generación).

Contar con un nuevo marco legal, que sea moderno, era prioridad hace cuatro años y lo sigue siendo actualmente. Eso sí, los candidatos difieren en cuanto a la versión del instrumento correspondiente a la Ley de Aguas.

Mientras unos defienden lo establecido en el expediente de proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular (caso de Carlos Alvarado de Acción Ciudadana), otros acuerpan la última versión del proyecto porque consideran que concilian los intereses de la ciudadanía con los del sector productivo (caso de Otto Guevara).

Aparte de la Ley de Aguas, Antonio Álvarez de Liberación Nacional propone modernizar la Ley de creación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) así como la Ley de Agua Potable.

Actualmente, todos los candidatos y candidata coinciden en la importancia de una gestión integrada del recurso hídrico y en fortalecer a las organizaciones administradoras de acueductos comunales, más conocidas como ASADAS. En lo que difieren es en el cómo, cada uno tiene su planteamiento al respecto.

Hace cuatro años ya se hablaba del proyecto Agua para Guanacaste. Su puesta en funcionamiento está contemplada en los planes de gobierno de Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana.

En el 2014, se mencionaba la necesidad de proteger nacientes, acuíferos y zonas de recarga. La inquietud se mantiene en el 2018.

Sergio Mena propone mecanismos legales para proteger las tomas de agua. Carlos Alvarado iniciaría una delimitación de las áreas de protección mediante un estudio, eso no solo prevendría la contaminación sino que orientaría las acciones de repoblamiento forestal en pro de su protección.

Otto Guevara propone analizar las fuentes hídricas actuales a la luz de los escenarios de cambio climático para así conocer su vulnerabilidad y, a partir de esa información, orientar inversiones en función de cuidarlas. En cuanto a  protección de nacientes, Guevara echaría mano del Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) cuando estas se encuentren en terrenos privados y municipales.

Óscar López de Accesibilidad sin Exclusión exigiría a los gobiernos locales a designar zonas geográficas para la protección del recurso hídrico.

En su plan de gobierno, Edgardo Araya prioriza esta protección en el Macizo del Barva, la Fila Costeña de Osa y las montañas del sur de San José (Escazú, Alajuelita Desamparados y Aserrí), entre otras. Eso lo haría a través de leyes.

Araya también reformaría la legislación para garantizar que quienes hacen uso comercial del agua paguen por el valor real del recurso y esos fondos los destinaría a protección de fuentes hídricas.

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